En Venezuela, son muchos los actores y organizaciones políticas que aseguran que el gobierno del presidente Chávez esta cometiendo violaciones a la libertad de expresión. Ante un ambiente crítico, en el que día a día dos tendencias rechazan el dialogo y caen en la violencia, resulta indispensable la existencia de este derecho que se ha convertido en el pilar fundamental de la democracia.
Las constantes amenazas del Ejecutivo Nacional contra las emisoras y canales privados de radio y televisión; así como también, el cese de la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) y los procedimientos administrativos abiertos contra el canal de tendencia opositora Globovisión, llevan a muchos a pensar que en el país, existencia una especie censura contraria a lo establecido en la Constitución Nacional.
Los miembros del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), reunidos en asamblea general de la seccional Caracas, afirmaron por consenso que en Venezuela existe un grave riesgo de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el ejercicio profesional, a raíz de las declaraciones y acciones del gobierno en contra de los medios de comunicación independientes, así como hacia los profesionales del área.
El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, William Echeverría, expuso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los 31 casos de agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación cometidos entre octubre y diciembre de 2008. Recordó que desde 1999 se han producido 1.200 agresiones contra profesionales de la comunicación, asegurando que estos hechos continuarán si el gobierno nacional no elimina la violencia y agresividad en sus discursos.
Por su parte, la Comisión Nacional de Protección de Periodistas (CONAPRO), integrada por la ONG Espacio Público, El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP), el Círculo Nacional de Reporteros Gráficos y el Colegio Nacional de Periodistas, considera que el Estado venezolano no está cumpliendo con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Globovisión y RCTV. Ante esta situación, la CIDH anunció que está elaborando un informe sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela.
Recientemente, el CNP pidió "respetar la libertad de expresión y asumir las críticas de manera tal que sean alertas para la revisión de los bemoles de la gestión gubernamental (…) los organismos oficiales, antes de ofenderse por las críticas que se publican en los medios nacionales, deben revisar la parrilla de Venezolana de Televisión (VTV), ya que este canal solo acepta las versiones de la realidad que ofrece el PSUV, veta hasta las opiniones de sus propios aliados y tiene en sus horarios de mayor audiencia espacios donde abundan los insultos personales, el mal gusto y las violaciones más graves a la ley Resorte".
La secretaria general del CNP seccional Zulia, Nikari González, afirmó: "es lamentable ver cómo el Gobierno ataca sin piedad a los medios de comunicación, que solo son sensores y formadores de la sociedad, y se olvida de que el país tiene bastantes problemas (…) ¿Por qué en vez de estarse ocupando de amenazar con el cierre de empresas radioeléctricos no se ocupa de amenazar a los malandros, de atacar la corrupción o de acabar con los secuestros? Esos sí son los verdaderos problemas de Venezuela".
El secretario general del CNP Seccional Caracas, Roger Santodomingo, explicó que la libertad de expresión y la libertad de ejercicio profesional de los periodistas está siendo amenazada por vía legislativa, debido a la consideración de un proyecto de ley de ejercicio del periodismo que entre otros aspecto elimina la profesionalización como requisito para ejercer la profesión.
Además, agregó que existe una amenaza representada por el amedrentamiento a los profesionales en el ejercicio de funciones, así como una creciente presión sobre periodistas colegiados afectos al oficialismo, que trabajan en instituciones públicas, a los cuales han comenzado a exigirles que se separen del CNP.
Opositores con manos atadas
"Sin libertad de expresión se muere la democracia (…) Chávez la quiere cercenar progresivamente (…) pretende callar a quienes piensan diferente y hacer escuchar una sola voz", afirmaron los representantes opositores Antonio Ledezma, César Pérez Vivas y Pablo Pérez, frente al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, en un encuentro realizado en el mes de junio en Washington.
Casos como las amenazas de cierre para La Verdad, Globovisión y la no renovación de licencia de RCTV, formaron parte de la exposición de los mandatarios venezolanos, quienes además cuestionaron la medida tomada en contra de las 240 emisoras del país.
El gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, recordó que en el país existen “presos políticos, perseguidos y otros tantos que han tenido que exiliarse o pagar la penalización de la disidencia”.
El mandatario del estado Táchira, César Pérez Vivas, acusó de “inconstitucional” las leyes impuestas por el Ejecutivo que redundan en la aplicación de la reforma constitucional negada en el 2007. “Esto es una clara muestra de violación a la Carta Magna y al derecho ciudadano de elegir” afirmó.
El alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, exigió a la CIDH que le hiciera cumplir al Gobierno venezolano la medida cautelar interpuesta en marzo por la “toma arbitraria de las instalaciones de la Alcaldía Mayor y agresiones a los trabajadores (…) en el país se violan las medias cautelares que protegen a los medios de comunicación y periodistas, al ponerle obstáculos y presiones sobre la CIDH para entorpecer el flujo de decisiones que vayan en contra del Gobierno”.
Ante este precedente, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, aseguró que “la CIDH es autónoma y no acepta presiones de ningún Gobierno (…) la libertad de expresión es uno de los temas más importantes para esta comisión”, y les aseguró a los dirigentes que cursará sus denuncias en una audiencia.
Preocupación internacional
En el mes de mayo, la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU) mostraron su preocupación por las constantes declaraciones del Presidente Chávez contra el canal de televisión Globovisión y otros medios privados del país. En un comunicado del Relator de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Catalina Botero, ambos organismos señalaron que las declaraciones del Ejecutivo Nacional "generan un ambiente de intimidación en el cual se ve seriamente limitado el derecho a la libertad de expresión".
La Rue y Botero recordaron a las autoridades venezolanas que tienen la obligación de respetar la libertad de expresión, en particular la independencia editorial; además, indicaron que el Gobierno debe "respetar la circulación de informaciones y opiniones, incluso, cuando éstas son contrarias a sus intereses y posiciones, así como también, promover la tolerancia y la diversidad de ideas y opiniones".
Los representantes de los organismos internacionales catalogaron de inadecuadas las acusaciones del Gobierno Nacional, según las cuales Globovisión acude al terrorismo mediático y al discurso de odio con fines desestabilizadores.
Finalmente, los relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la OEA hicieron un llamado al Estado "a mantener la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión establecido en instrumentos internacionales adoptados por el Estado y a proteger de manera adecuada las garantías internacionales en los procesos que se adelantan contra los medios de comunicación privados y, en este caso, contra Globovisión (…) En este sentido, los Estados deben garantizar que los procesos administrativos o las facultades regulatorias no impliquen actos de censura indirecta motivados por la línea editorial del medio".
Por otra parte, la organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció que el Gobierno venezolano está acelerando "su cruzada" contra los medios de comunicación privados y consideró peligrosas las modificaciones legislativas o reglamentarias de las últimas semanas. Recordemos que el pasado 4 de julio, el Ejecutivo ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) la revocatoria de los permisos de transmisión a unas 285 emisoras de radio y televisión que no actualizaron sus datos ante el organismo; asimismo decidió abrir procedimientos administrativos a todos aquellos canales de televisión que pusieron al aire dos propagandas de dos organizaciones de oposición.
RSF aseguró que dichas medidas tienen "el único objetivo de castigar a los medios de comunicación por una línea editorial considerada como contraria a las intenciones gubernamentales". Además, exigió al Gobierno Venezolano que suspenda unas medidas "contrarias a los principios constitucionales fundamentales y a la jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión".
Así como en la escena teatral o en una película actúan los actores que representan los diferentes personajes, en la “escenario” político de cada país aparecen los actores que se ocupan a asumir sus respectivos roles políticos. Aunque, en el sentido amplio, todos los ciudadanos cumplen con dichos roles, en las sociedades modernas y en el sentido más restringido, son los partidos políticos los que se encargan de protagonizar la vida política de una sociedad.
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